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Occidental Petroleum Corporation y Occidental Exploration and Production Company contra La República del Ecuador: ¿Se extralimitó el Tribunal?
Occidental Petroleum Corporation y Occidental Exploration and Production Company contra La República del Ecuador: ¿Se extralimitó el Tribunal?

Dr. Héctor Mauricio Medina Casas*

El pasado 5 de octubre de 2012, el Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias en materia de Inversión (CIADI) publicó el laudo por medio del cual se dirimieron las controversias surgidas entre Occidental Petroleum Corporation (OPC) y Occidental Exploration and Production Company (OEPC) con la República del Ecuador.


El Tribunal, conformado por Yves Fortier, David A.R. Williams y Brigitte Stern1, condenó a la República del Ecuador al pago de 1.769 millones seiscientos veinticinco mil dólares, mas intereses, al considerar que el Estado tomó una medida equivalente a una expropiación que afectó a los demandantes.


La controversia se remonta al año 2000, cuando OEPC transfirió a un tercero, sin autorización del Estado, el cuarenta por ciento de los derechos sobre el contrato de participación que le permitía explorar y explotar hidrocarburos en un área de 200.000 hectáreas ubicada en la cuenta oriental ecuatoriana, denominada el Bloque 15. El Estado, tiempo después de conocer la transferencia, decretó la caducidad del contrato y ordenó la entrega de los bienes del Bloque 15 a PetroEcuador.


Son numerosos los aspectos del laudo que merecen ser analizados, tales como el incumplimiento del contratista, la proporcionalidad de la medida de caducidad tomada por el Estado, y la evolución del trato justo y equitativo en el derecho de las inversiones. No obstante, deseo limitar estas líneas a revisar brevemente si el Tribunal, al ordenar indemnizar a las demandantes por el cien por ciento de su participación en el Bloque 15, sobrepasó sus facultades. La duda se presenta en la medida en que, con ocasión de la cesión referida, las demandantes sólo eran titulares del sesenta por ciento de los derechos del contrato.


A juicio del Tribunal la cesión realizada por OEPC, al no contar con la autorización del Estado, es nula y no tiene ningún valor2, situación que le impidió al cesionario convertirse en titular de la participación cedida y que mantuvo en el contratista todos los derechos derivados del contrato.


Al respecto, conviene preguntarse ¿Podía el Tribunal valorar la validez del contrato de cesión? ¿Benefició el Tribunal con su decisión a un tercero que no tenía acceso a la jurisdicción del CIADI?

Recordemos, a efectos de responder los interrogantes planteados, que la jurisdicción del CIADI es exclusiva y restringida, que solo tienen acceso a ella los inversionistas que son nacionales de Estados que han suscrito el Convenio de Washington, que se requiere manifestación del consentimiento por parte del Estado, y que en ella sólo se resuelven controversias derivadas de inversiones internacionales.


Frente al primer interrogante, considero que el Tribunal no estaba facultado para valorar la validez del acuerdo de cesión, por cuanto no era el juez natural de dicho acuerdo, no contaba con jurisdicción para pronunciarse sobre un contrato celebrado entre particulares, y no estaban representadas en el procedimiento las partes firmantes del mismo.


Ahora bien, en la medida en que la parte resolutiva del laudo no se refirió expresamente a la nulidad de la transferencia, podrá afirmarse que no hubo extralimitación alguna, sin embargo no parece relevante el punto, al ser evidente que la conclusión sobre la nulidad de la transferencia repercutió en las condenas del laudo.


Frente al segundo interrogante no hay duda que el laudo beneficia a una parte que no participó en el procedimiento, y que no cumplía los requisitos ratione personae para acudir al CIADI. En efecto, el cesionario no era nacional de un Estado con el cual la República del Ecuador hubiese manifestado su consentimiento para acudir al CIADI, pero recibirá el cuarenta por ciento del valor de la indemnización ordenada, toda vez que se allegó ante el Tribunal el compromiso de OEPC de hacer entrega al cesionario de dicho porcentaje ante cualquier reclamación exitosa adelantada frente al Estado3. Bajo este supuesto, en la práctica el Tribunal aceptó que OEPC demandara en nombre de un tercero que no tenía acceso a esa jurisdicción, circunstancia violatoria del Convenio de Washington.


La República del Ecuador ha manifestado que solicitará la anulación del laudo, para lo cual cuenta con un término de 120 días contados desde la fecha en que el mismo fue dictado. Seguramente el recurso se presentará bajo el amparo de la causal establecida en el literal b del numeral 1 del artículo 52 del Convenio de Washington, según el cual procede la solicitud de anulación cuando “(…) el Tribunal se hubiere extralimitado manifiestamente en sus facultades”. El tiempo nos dirá si erró el Tribunal o si se creó una nueva modalidad para acudir ante el CIADI.


* Abogado egresado de la Universidad Javeriana en Bogotá (Colombia). D.E.A. en Derecho Internacional Económico de la Universidad de Paris I (Panthéon – Sorbonne) (Francia). Profesor de Derecho Comercial Internacional y de Contratos Internacionales en la Universidad Javeriana (Bogotá - Colombia). Arbitro inscrito en la lista B de la Cámara de Comercio de Bogotá (Colombia), en la modalidad de derecho comercial y de seguros. Socio - Director del Área de Derecho Societario y Comercial Internacional en M&P Abogados Ltda (Bogotá- Colombia).


1 La decisión se tomó por mayoría y no por unanimidad. La profesora Brigitte Stern presentó opinión disidente frente a la decisión mayoritaria.
2 Párrafos 650 y 651 del laudo.
3 Párrafo 654 del laudo.

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