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El Amparo Constitucional en los Arbitrajes de Bolivia
El Amparo Constitucional en los Arbitrajes de Bolivia
El arbitraje tiene la ventaja de llevarse a cabo en única instancia. El único remedio jurídico habilitado legalmente en la Ley 1770 para impugnar el laudo arbitral definitivo, y no interlocutorio, es el llamado Recurso de Anulación.
Brian Haderspock *
Dicho recurso procede únicamente con la existencia de cualquiera de las nueve causales establecidas en el articulo 63, no pudiendo fundamentar su pretensión sobre otros motivos, debiendo observar obligatoriamente las causales tasada en nuestra Ley No. 1770 (en adelante LAC).

Sin embargo, cuando la parte recurrente acude a la compulsa (Art. 65 LAC), y el juez competente rechaza el Recurso de Anulación, si el recurrente verdaderamente siente que se ha vulnerado la garantía al debido proceso (Art. 16.IV C.P.E.) durante el proceso arbitral, entonces, en ese caso, la parte agraviada sí podrá interponer un amparo constitucional. (1) No obstante, debe entenderse que el amparo esta dirigido contra la resolución de la autoridad judicial competente que rechazo el recurso de anulación y no contra el tribunal arbitral. El artículo 63-III de la Ley 1770 tiene como causal de anulación la imposibilidad para ejercer el derecho a la defensa, que implica a su vez toda vulneración al debido proceso como garantía constitucional, por lo tanto, la parte agraviada tendrá derecho a interponer el recurso de anulación del laudo fundamentando su pretensión en la causal citada, por tanto, es deber del juez de partido de turno en lo civil del correspondiente Distrito Judicial (Art. 64-II LAC), quien lo sustanciara conforme al Código Adjetivo Civil, debiendo analizar precautelosamente los hechos que generaron la vulneración a la garantía constitucional del debido proceso y evitar la indefensión del agraviado. Dado que estamos ante derechos y garantías constitucionales, y puesto que su inobservancia atentaría contra la seguridad jurídica y por ende el orden publico nacional, es vital poder gozar de una tutela constitucional que nos garantice el derecho a la defensa y debido proceso. Por lo tanto, nos animamos a afirmar que la vía de amparo, si bien no procede durante el proceso arbitral, esta habilitada y consagrada por la Lex Suprema, y procederá contra toda resolución judicial en general y en particular “contra toda sentencia que resuelva la pretensión de anulación del laudo.”(2)

“El juicio de Amparo es uno de los pesos y contrapesos que contempla nuestra Constitución para evitar el abuso de poder.”(4)

Lo que debe quedar claro es que los árbitros no pertenecen al poder público, por lo tanto sus actos no son susceptibles de ser revisados por el amparo constitucional. No olvidemos que los árbitros son particulares nombrados por las partes para que decidan sobre la suerte de sus derechos, por lo tanto, son terceros privados que no pertenecen al poder publico estatal, no son autoridades judiciales, sino, jueces(5) privados que revisten de una jurisdicción arbitral de forma temporal, su juicio cae sobre derechos disponibles que solo afectan a las partes. El amparo procede contra los órganos estatales. El juicio de amparo procede contra toda autoridad estatal responsable por los actos realizados, los cuales hayan ocasionado una vulneración a las garantías constitucionales de las partes. Por ultimo, cabe resaltar un elemento característico de toda autoridad estatal del cual carece el tribunal arbitral: imperium (6).

Auto Constitucional 322/2006-RCA:

II.2.Del principio de subsidiariedad en el recurso de amparo constitucional(7)
El art. 19.IV de la Ley Fundamental, dispone que se: “(...) concederá el amparo solicitado siempre que no hubiere otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados (...)”; tal previsión constitucional, otorga al recurso de amparo constitucional naturaleza subsidiaria, principio que ha sido interpretado por esta jurisdicción constitucional como el agotamiento de todos los medios y vías ordinarias que el interesado en la defensa de sus derechos fundamentales debe agotar, en forma previa a solicitar su protección ante la jurisdicción constitucional a través del recurso de amparo constitucional.

En ese sentido, tenemos el Recurso de Anulación del laudo arbitral que, como única vía de impugnación del laudo, es utilizada justamente para revisar la forma en que fue dictado el laudo y así prever que también se hayan respetado los derechos de las partes. Por lo tanto si comparamos la aplicación del Recurso de Anulación con el Amparo Constitucional, vemos que ambos están destinadas a revisar lo mismo: la validez formal del arbitraje.

Existen autores que discrepan con la idea de habilitar la vía de amparo en el arbitraje; El jurista peruano Carlos Cueva Morales asevera que estando ya prevista la existencia del Recurso de Anulación destinada a verificar la validez de un arbitraje, no cabe admitir una vía judicial paralela -la acción de amparo- para cuestionar un laudo por las mismas razones (8).

En ese sentido, el Dr. Gualtiero Martín Marchesini(9) señala que los árbitros tienen como función inclaudicable e inalienable la apreciación de los hechos y la aplicaron regular del derecho y el laudo que dicten en esas condiciones será inapelable. Los únicos recursos ordinarios admisibles en el arbitraje son el de aclaratoria que se interpone ante los mismos árbitros dictantes del laudo y nulidad que se interpone ante los árbitros para que resuelva el Superior.

Nosotros creemos que sí necesariamente debe existir un órgano superior que controle y garantice nuestros derechos y garantías constitucionales. Sin embargo, y como explicamos anteriormente, el amparo procede únicamente contra las sentencias judiciales pronunciadas sobre la anulación del laudo y no contra los árbitros y el laudo arbitral ya que para ello la Ley 1770 ha habilitado el recurso de anulación. Sin embargo, es cierto que el amparo es interpuesto contra los árbitros mismos. Esta intromisión del recurso de amparo se ve bastante en los procedimientos arbitrales llevados a cabo en nuestro país, el cual es interpuesto por distintas razones.

Podemos apreciar un claro ejemplo de esta intromisión en la Sentencia Constitucional 1892/2004-R (10) en el cual la Administración de Servicios Portuarios de Bolivia (ASP-B) interpone el Recurso de Amparo en contra de José Luís Tufiño Zubieta, Arbitro del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara Nacional de Comercio, denunciando la vulneración de la garantía al debido proceso.

Debemos analizar los hechos que motivaron el recurso. “el 19 de septiembre de 2003 se presentó al Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara Nacional de Comercio, una solicitud de Arbitraje efectuada por la empresa chilena SAAM en contra de ASP-B, solicitud en la que se advierte que no constituye una demanda arbitral, la cual sería oportunamente presentada ante el Tribunal Arbitral designado, pero hasta la fecha SAAM no formalizó dicha demanda como anunció en su memorial de solicitud, ante el Tribunal Arbitral que, en el presente caso, se encuentra conformado por un único árbitro.”

“La notificación se efectuó el 21 de julio de 2004, fecha en la cual se inició el procedimiento arbitral, pero que desde entonces no se ha formalizado la demanda habiendo incumplido SAAM la advertencia efectuada de formalización de su demanda ante el árbitro asignado, razón por la que ASP-B no ha contestado a la demanda, puesto que no existe, y por tanto no se puede cumplir con la exigencia del árbitro de que se instale audiencia de sustentación de posiciones, que al no existir formalización de la demanda, ni contestación, ni reconvención, ASP-B se encuentra en total indefensión puesto que al no haberse admitido ninguna demanda, tampoco se ha notificado con dicha formalización y no se les dio oportunidad de responder a la misma, atentando contra su derecho a un debido proceso.”

“Finaliza señalando que el Centro de Conciliación y Arbitraje rechazó todos los recursos del procedimiento arbitral contemplados en su reglamento, habiendo emitido los Laudos Arbítrales 02/04 y 03/04, por lo que se demuestra que se han agotado las vías y no se cuenta con otro recurso para garantizar los derechos suprimidos”

El Tribunal Constitucional, rechazó el amparo interpuesto, no sin indicar previamente que:
“III.1…En el presente caso, la parte recurrida alega que el recurrente debió hacer uso del recurso de anulación y que tenía la vía judicial expedita para interponerlo; empero corresponde precisar que el recurrente no podía haber hecho uso de este recurso, porque el mismo corresponde a la anulación del Laudo Arbitral específicamente y no de Laudos Interlocutorios, ni contestaciones a las peticiones o protestas que pudiesen efectuar las partes en un proceso arbitral, en el cual no existe una vía de impugnación para dichas actuaciones, consiguientemente queda abierta la competencia del Tribunal para analizar el fondo de la problemática, al no existir causal de improcedencia por subsidiariedad, dado que el recurrente no cuenta con otro recurso ordinario en el que pueda hacer valer la supuesta vulneración a sus derechos. Realizada esta precisión corresponde ingresar a analizar la problemática planteada.”

Posteriormente el Tribunal Constitucional señala que cuando las partes han pactado un arbitraje bajo las reglas de una institución - en el caso, por las Reglas de Conciliación y Arbitraje de la Cámara Nacional de Comercio-, las normas de la Ley 1770 pasan a ser supletorias, con la siguiente cita:

“III.2…así ha sido entendido en la SC 928/04-R de 15 de junio, que señala lo siguiente: ‘Por su parte, el art. 7.III de la misma Ley, señala que: 'Las normas referidas a la conformación del tribunal arbitral y al procedimiento arbitral, son de carácter supletorio en relación a la voluntad de las partes. Estas, por mutuo acuerdo podrán proponer al Tribunal la modificación parcial o la complementación de las normas del procedimiento previstas en esta ley, siempre que no alteren los principios del arbitraje y las materias excluidas del mismo'.A su vez el art. 39 de la citada norma prescribe que: 'I. Las partes tendrán la facultad de convenir el procedimiento al que deberá someterse el Tribunal Arbitral o de adoptar reglas de arbitraje establecidas por la institución administradora del mismo. II. A falta de acuerdo y con sujeción a los principios generales del arbitraje, el Tribunal podrá desarrollar el procedimiento del modo que considere más apropiado. Esta facultad conferida al Tribunal Arbitral, incluirá la de determinar la admisibilidad, pertinencia y valor de las pruebas'

Finalmente, el Tribunal Constitucional indica:
“III.3…Corresponde precisar que efectivamente el Centro de Conciliación y Arbitraje Comercial de la Cámara Nacional de Comercio es una entidad operativa y administrativa que no tiene facultades para admitir o rechazar las demandas arbitrales que pudiesen presentarse, sin embargo, se reitera que por disposición de las normas previstas por los arts. 28 y 29 del Reglamento de Conciliación y Arbitraje del Centro de Conciliación y Arbitraje Comercial de la Cámara Nacional de Comercio que ya han sido citadas en el apartado III.2, la demanda se formaliza ante dicha entidad y recibida la misma, se corre traslado a la contraparte para su contestación y, el proceso se inicia desde el momento de aceptación con la designación por parte de los árbitros. Además, corresponde indicar que como consta en el acta de reunión suscrita entre partes el 30 de junio de 2004, las actuaciones realizadas en el presente caso se dieron por bien hechas por ambas partes, señalando además que no existía pendiente de resolución ningún tipo de observación.”

III.4…por lo que “no se evidencia que las actuaciones realizadas por el árbitro recurrido hubiesen lesionado la garantía del debido proceso de la entidad representada por el recurrente, en consecuencia no corresponde otorgar la tutela solicitada.”

Podemos ver que el representante de ASP-B ha proseguido mal al interponer directamente el Recurso de Amparo Constitucional, que para empezar no se encuentra estipulado en la Ley 1770 ni en el arbitraje en general, por lo que debió (representante de ASP-B) en todo caso, esperar que el arbitro dicte el laudo arbitral y de ahí plantear el Recurso de Anulación del laudo consagrado en el articulo 62 de la Ley de Arbitraje y Conciliación apoyándose, en su caso, en los incisos II-2 y 3 del articulo 63 de la presente Ley (causales de anulación). Y en caso de que el recurso fuere rechazado tiene la opción de interponer el Recurso de Compulsa que se encuentra estipulado en el artículo 65 de la presente Ley. Es la única instancia que estipula la Ley 1770, y además el artículo 67 estipula que una vez resuelto el recurso de anulación no se admitirá recurso alguno.

Por otro lado debemos hacer notar la mala actuación del Tribunal Constitucional al intervenir en los procedimientos arbítrales, como se puede ver en la sentencia antes mencionada. El Tribunal Constitucional no debió aceptar el recurso de Amparo Constitucional interpuesta por ASP-B. Debió tomar en cuenta, por una parte, la existencia de recursos dentro de la Ley de Arbitraje y Conciliación los cuales no fueron utilizados por el recurrente y por otro lado deberían tener conocimiento de que el arbitraje es un procedimiento extrajudicial, donde las partes expresamente eligen someter sus diferencia ante un Tribunal Arbitral imparcial e idóneo renunciando a los procesos ordinarios y por ende evitando la intromisión de los Tribunales Ordinarios y Estatales. Es cierto que contra los laudos interlocutorios no se prevé, en la Ley 1770 recurso alguno, pero ello es justamente para evitar que a cada decisión del árbitro, la parte que no esté de acuerdo, vaya a la justicia ordinaria o extraordinaria. Ello entorpece totalmente el funcionamiento del arbitraje, que se ve interferido por la intromisión indebida de los jueces. Reiteramos, la parte que no está de acuerdo con alguna decisión del árbitro, debe hacer reserva de plantear el recurso de nulidad posteriormente (de acuerdo al art. 63.III), pero no recurrir a cada momento.

* Licenciado en Derecho por la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra (UPSA). Máster en Derecho Internacional Privado y Derecho de los Negocios Internacionales por la Escuela Europea de Negocios. Diplomado en Negociación, Conciliación y Arbitraje por la Universidad Virtual (U Virtual). Especialidad (Certificación Profesional) en Arbitraje Internacional por la Sociedad de Altos Estudios Jurídico Empresariales Euroamericanos (SAEJEE Business School). Pos-titulo en Contratos Comerciales en el ámbito internacional por la U.P.S.A. Miembro del Club Español del Arbitraje. Ejercicio de la profesión en el estudio jurídico Moreno Baldivieso Abogados-Attorneys at Law.

(1) El Recurso de Amparo Constitucional es una garantía establecida para proteger y en su caso restablecer los derechos consagrados en la Constitución cuando estos son amenazados, restringidos o suprimidos.” Ver: ARCE ZACONETA Héctor Enrique, Recursos Constitucionales en Bolivia, U.P.S. Editorial, La Paz-Bolivia, 2004, tercera edición, p.35

(2) Contra la sentencia que resuelva la anulación solo podrá interponerse recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, siempre que se invoque la lesión de algún derecho fundamental…El recurso de amparo se dirigirá, por tanto, contra la sentencia que resuelva la pretensión de anulación del laudo.” Ver: REMON Jesús, Anulación del Laudo, Parte I- El marco general y algunos problemas, ponencia preparada para el II Congreso Internacional del Club Español del Arbitraje, Madrid, junio 2007, p. 121.

(3) GONZALEZ COSSIO Francisco, El Arbitraje y Judicatura, ¿Quis Custodiet Custodes?, p. 48

(4) “Es uno de los instrumentos mediante los cuales el poder frena al poder.” Ver: MONTESQUIEU, Del espíritu de la Leyes, Ed. Tecnos, Madrid, 1972, p. 150

(5) “Si bien el arbitro tienen una faceta de juez, no actúa como autoridad.” Ver: GONZALEZ COSSIO Francisco, El Arbitraje y Judicatura, ¿Quis Custodiet Custodes?, p. 51

(6) Los árbitros no tienen esa fuerza pública, sino únicamente la notio, y la juditio, en otras palabras, el árbitro tiene la facultad para conocer la causa y juzgar el caso, pero carece del coercio para ejecutar forzosamente sus decisiones.

(7) Auto Constitucional 322/2006-RCA; Sentencia Constitucional 1548/2003-R

(8) CUEVA MORALES Carlos ¿puede cuestionarse un laudo arbitral vía acción de amparo? www.servilex.com.pe

(9) MARCHESINI Gulatiero Martín, Los medios de prueba en el arbitraje comercial y sus contingencias, www.servilex.com.pe

(10) www.tribunalconstitucional.gov.bo
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