A diferencia de muchos países de nuestra región, el arbitraje es una de las instituciones más rancias en nuestro derecho. El mismo adquirió cédula de ciudadanía desde finales del siglo XIX y nuestra legislación procesal admitió la eficacia de los laudos extranjeros, aun antes de los instrumentos internacionales que la comunidad de naciones debió promover para este fin, primero con la Convención de Nueva York de 1958 y luego con las convenciones de Panamá de 1975 y de Montevideo de 1979.
