La nueva ley de arbitraje moderniza el régimen de arbitraje en España y hará de ese país un lugar elegible para el arbitraje internacional, especialmente en asuntos que involucren intereses latinoamericanos. Por otra parte, esta normativa indica que los Estados o las entidades estatales que actúen como partes en arbitrajes internacionales en ese país tienen prohibido interponer los privilegios e inmunidades que les otorga su derecho interno, para escapar del acuerdo arbitral.
